Noticia publicada en el Faro de Vigo
El tripartito solicita a un bufete de Madrid que avale la legalidad del edificio administrativo
La Junta de Gobierno decidió pagar 14.160 euros por los servicios prestados
MANUEL MÉNDEZ - O GROVE La Junta Local de Gobierno de O Grove aprobó en diciembre de 2010 el pago de una factura por valor de 14.160 euros en favor de un prestigioso bufete de abogados de Madrid al que se encargó la elaboración de un informe sobre la legalidad de la adjudicación del edificio administrativo de la localidad.
Hay que recordar que se trata del mismo edificio por el que se imputa al alcalde, el socialista José Antonio Cacabelos Rico, en los presuntos delitos de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y tráfico de influencias.
Todo lo que rodea al edificio administrativo, aún pendiente de inauguración, resulta polémico, sobre todo desde que se supo que el proyecto para este inmueble fue redactado en el estudio de arquitectura en el que trabajaba el hermano del alcalde, David Cacabelos, que junto a su socia Carolina Álvarez y el representante de la empresa constructora, también está imputado judicialmente, en su caso por los delitos de falsedad en documento público y tráfico de influencias por particulares.
Así las cosas, cuando en el juzgado aún no se ha resuelto esta situación y el inmueble sigue pendiente de convertirse en el gran edificio administrativo que el alcalde considera imprescindible para su pueblo, ahora estalla una nueva polémica con la aprobación de la citada factura.
Así lo entiende el PP de Miguel Pérez, quien esgrime que "si todo lo hecho en relación con este edificio estaba bien hecho, como defendió el alcalde a capa y espada, no tiene sentido que ahora encarguen otro informe a un bufete externo y se gasten más de 14.000 euros para ello, pues para eso están los equipos y asesores técnicos y jurídicos del Ayuntamiento".
En este sentido, el líder de los conservadores asegura que "estamos ante otro caso de despilfarro y otra muestra de la ineptitud de este alcalde, que usa sin reparos el dinero de todos los vecinos y que, en caso de representar a una empresa privada, hace mucho que estaría despedido". Lo que quiere decir el popular es que "se gastan 14.000 euros del erario público para defender que la actuación realizada estaba bien, y esto es tanto como reconocer que estaba mal".
Muy molesto, Pérez señala que "a pesar de que sigue imputado por tres presuntos delitos, el alcalde continúa utilizando alegremente el dinero de todos para defenderse, y eso que tiene a su disposición un servicio jurídico que ya pagamos todos, como ocurre con los departamentos de Secretaría e Intervención municipal, lo cual supone que ya tiene el asesoramiento que precisa sin necesidad de irse a Madrid a pagar a otro abogado diferente que lo defienda de sus fechorías".
No satisfecho con esto, Miguel Pérez explica gráficamente que "esos más de 14.000 euros gastados en un bufete de Madrid equivalen al salario de cinco meses del asesor jurídico que ya pagamos, pero a Cacabelos le trae sin cuidado malgastar los fondos públicos".
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