El edificio administrativo por el que imputan judicialmente al alcalde meco podría ser ilegal

Artículo publicado en El Faro de Vigo

Fotografía M. Muñiz

La acusación amplía su denuncia y asegura que el inmueble de la calle Cándido Acuña se construyó a pesar de que estaba prohibido ejecutar este tipo de obras

MANUEL MÉNDEZ - O GROVE El llamado "caso Cacabelos" adquiere una nueva dimensión. Hasta ahora el alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos Rico, está imputado en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados en relación con los trámites realizados para, por ejemplo, adjudicar la redacción del proyecto del edificio administrativo de la localidad al estudio de arquitectura en el que trabaja su hermano, David Cacabelos.

Sin embargo, ahora se abre un nuevo frente, toda vez que la acusación considera que la edificación puede considerarse ilegal, al entender que se hizo realidad cuando este tipo de obras estaban prohibidas en O Grove.

Básicamente lo que considera la acusación es que no sólo sería ilegal el proceso administrativo de elaboración del proyecto, contratación y demás, sino que también sería ilegal desde el punto de vista urbanístico la obra propiamente dicha.

De este modo, en caso de demostrarse que es así, el edificio podría ser demolido, y la subvención concedida en su día por la Xunta, anulada. Y esto es tanto como decir que al margen de los contratiempos que este caso puede suponer para el alcalde a nivel político y personal, también está en juego una importante cantidad de dinero, pues si se anula la subvención, el dinero para pagar la construcción deberá salir de las arcas municipales. Y eso no es todo, pues también habría que hacer frente a la demolición del inmueble, siempre y cuando, claro está, la Justicia lo considere ilegal.

Así lo entienden los representantes legales del empresario Óscar Miniño Otero, quienes presentaron la denuncia contra el regidor que dio pie a su imputación en las diligencias previas de este caso, por los presuntos delitos de prevaricación, negociación prohibida a funcionarios y tráfico de influencias.

A la espera de que el juez retome la ronda de declaraciones, revise la documentación y obtenga nuevas pruebas para así decidir si abre juicio oral o no –tiene previsto hacerlo a partir de septiembre–, los representantes de Óscar Miniño ya aportaron al juez la ampliación de su denuncia, para tratar de demostrar la presunta ilegalidad del edificio administrativo.

El nuevo escrito entregado por la acusación, dirigida por el abogado Ulises Bértolo García, sostiene, "en relación con el cúmulo de irregularidades detectadas en el caso del edificio administrativo de la calle Cándido Acuña Blanco, de O Grove", que se ha constatado "otra irregularidad que vicia de nulidad todo el expediente y resulta absolutamente determinante del ilegal proceder de los imputados", que además del alcalde son su hermano, David Cacabelos, la socia de éste en el estudio de arquitectura, Carolina Álvarez Míguez, y Javier Álvarez Pérez, como representante de la empresa encargada de la obra.

Suspensión de las Normas

Esa irregularidad que la acusación define como "determinante" guarda relación con el llamado "decreto Cuiña", aquel que había firmado el ex conselleiro Xosé Cuiña Crespo el 20 de junio de 2002 y mediante el que se procedía a la suspensión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que estaban vigentes desde 1996.

Dicho decreto "prohibía la construcción de todo tipo de edificación en la parcela sobre la que se ejecutó el edificio administrativo", advierte la representación legal de Miniño.

En este caso era de aplicación la ordenanza que regula el uso y aprovechamiento de zonas verdes y espacios públicos, en la que se advierte de que "se permite exclusivamente el uso de espacio libre, de esparcimiento y de ocio y se prohibe cualquier otro uso".

Así se argumenta ahora ante el titular del Juzgado número 2 de Cambados, a lo que se añade que la parcela en cuestión, sobre la que se construyó el edificio administrativo, está incluida dentro de un ámbito de actuación y ordenación urbanística en el que se prohibe levantar un inmueble de estas características, "por lo que nos encontramos ante una edificación absolutamente ilegal".