Nova publicada no Diario de Arousa o 12 de febreiro de 2010
El alcalde de O Grove se ha sincerado ante el juez de instrucción número de 2 de Cambados, donde declaró el martes como imputado por un presunto delito de prevaricación por la adjudicación del edificio administrativo.
En su declaración reconoce gobernar de espaldas a las infracciones urbanísticas que se cometen en la localidad. Y es que fue preguntado por una larga lista de ellas y de ninguna fue capaz de dar explicación alguna, descargando sobre los técnicos, sobre todo en el secretario municipal, toda responsabilidad.
Preguntado sobre el restaurante “A Culler de Pao”, propiedad de un hermano del concejal de Turismo, Jorge Olleros, reconocer ser consciente de la existencia de un expediente de infracción por aumento de volumen, para añadir que no hay suspensión cautelar. Sin ruborizarse, Cacabelos aseguró ante el juez que es criterio del Concello “cuando hay una actividad industrial tratar de resolver las cosas”. El inmueble que acoge el restaurante, situado en la zona de San Vicente, esperó años a ser vendido debido a las dificultades que los compradores encontraban en el Concello para una legalización del exceso de obra.
Cacabelos fue preguntado también por el local social de O Sineiro, levantado de nuevo con cargo al Plan E y objeto de una denuncia por parte de Oscar Miniño. Sin embargo, el alcalde poco aclaró, se limitó a decir que al empezar los trabajos la estructura se derrumbó y tuvieron que levantarla de nuevo. Aseguró desconocer que “dice el proyecto para esa obra”, a pesar de que el fue el grupo de gobierno que él lidera el que solicitó la financiación del Plan para este proyecto.
Tampoco sabe nada de una presunta irregularidad en la vivienda de su hermano David Cacabelos, también objeto de denuncia, desconociendo si tiene problemas de retranqueos con linderos o si hay un expediente administrativo abierto y entieden que “la oficina técnica es la que tiene que resolver la cuestión”.
Edificio administrativo > Habrá que esperar a que el juzgado se pronuncia para saber si el procedimiento empleado en la adjudicación del edificio administrativo cumplió o no la legalidad. Lo que ya reconoció José Antonio Cacabelos ante el juez es que muchas de las denuncias realizadas en su momento por la oposición tenían base real. Por ejemplo, reconoció haber firmado una certificación meses antes de que comenzase la obra, de lo que, según explicó, son responsables también los técnicos municipales. Así el 18 de noviembre de 2008 el Concello firma la primera certificación para este edificio, aunque no es adjudicado de forma definitiva hasta el 1 de diciembre de ese mismo año y el contrato de adjudicación es del día 15 de mayo de 2009.
Cacabelos justificó su “prisa” diciendo que el mismo día que se adjudica la obra se puede emitir una certificación de obra hecha, pero además añadió que fue el temor a perder la subvención concedida por la Xunta para la realización del mencionado edificio administrativo fue lo que le llevó a agilizar los trámites. Sin embargo, poco después declaró que firmó la certificación porque se la pasaron “los técnicos y estaba visada”.
José Antonio Cacabelos, que tiene asumidas parte de las competencias en materia de Urbanismo y con dedicación exclusiva para sus tareas de alcalde, no sólo desconoce las infracciones que se cometen en el Concello, incluidas aquellas que llegan a los juzgados, sino también los informes emitidos por los técnicos sobre ellas. Y es que Cacabelos declaró no haber leído informe alguno del secretario municipal advirtiendo de las irregularidades en el proceso de adjudicación. Lo publicado en los medios de comunicación es, según declaró, su única constancia de las advertencias internas.
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