Christian Rubio (PD).- José Antonio Amado, una de las voces más autorizadas sobre política lingüística en España, ha reflexionado sobre los intentos de los separatismos por imponer el monolingüismo en varias comunidades autónomas, en especial en Galicia. "Un decreto de mínimos es un engendro que suprime la libertad de la gente de utilizar una lengua u otra", asegura. El secretario de la Mesa por la Libertad Lingüística de Galicia espera que se impulse la "naturalidad" de los ciudadanos sin "ninguna otra constricción, promoción o despilfarro".
El BNG pretende “galleguizar” la medicina, reclamando que las circulares y los prospectos de los medicamentos sean traducidos al gallego ¿Qué le parece esta iniciativa?
Se trata de ahondar en un problema que no existe. La asistencia sanitaria que se presta en Galicia puede tener problemas, pero desde luego, no ese, ni en primer lugar ni en último: simplemente no existe. Salvo, tal vez, en psiquiatría: nosotros lo hemos llamado 'linguomanía', y es grave, aunque sólo afecta a políticos.
No me refiero a la cuestión meramente documental: las 'circulares', si emanan de las autoridades sanitarias, no es que vayan a traducirse al gallego: que yo sepa, están todas en gallego, y ninguna en castellano. En cuanto a los prospectos de los medicamentos, todos sabemos que su “traducción” -quiero que conste entre comillas- no les va a añadir inteligibilidad alguna o beneficio alguno para el paciente. Ahora bien: si el mercado lo demanda, no tenemos nada que decir.
Pero el problema es otro: Según hemos sabido, el BNG plantea en el parlamento una “proposición no de ley”, o sea, un enredo inútil que, a juzgar por la respuesta de la Consejera del ramo, consistiría en convertir el supuesto conocimiento del supuesto gallego en una barrera infranqueable para el acceso al ejercicio de la sanidad en Galicia. La Consejera ha respondido, con aparente cordura, que ello no es necesario, porque en la sanidad gallega no existe problema de comunicación, lo cual es muy cierto, y que basta con que el conocimiento del gallego sea un mérito, sin llegar a requisito de acceso.
Desgraciadamente el supuesto conocimiento del supuesto gallego ya es una barrera infranqueable para el ejercicio de cualquier puesto público en Galicia, al menos para los aspirantes. Hoy la Consejera, como es obvio, no habría podido acceder a la carrera sanitaria en Galicia por ese motivo. Accedió en época de mayor libertad. Esa libertad que tuvo ella y los profesionales de la sanidad que hoy ejercen en Galicia desde hace tiempo, la han suprimido los políticos, sin necesidad de tomar en consideración esta nueva ocurrencia propagandística del BNG. No se trata, pues, de oponerse a ella, sino de suprimir el arancel lingüístico que ya imposibilita el acceso al ejercicio profesional en el Servicio Gallego de Salud: aunque las normas hablan de “mérito preferente” -nótese la redundancia-, de hecho, y debido a su ponderación en los baremos, se trata de un mérito excluyente. Y todo sin relación alguna con una sanidad de calidad: sólo para favorecer a quienes ostentan la marca tribal en detrimento de quienes sólo tienen mérito profesional. De esto podrían hablar con más conocimiento los representantes del SATSE-Galicia, un sindicato de trabajadores de la sanidad que han experimentado el arancel lingüístico del que estoy hablando.
Mientras tanto los problemas reales de la sanidad se escamotean al público tras el humo identitario.
La Mesa por la Libertad Lingüística de Galicia y Galicia Bilingüe presentan los mismos principios, pero entre ellas existen pequeños matices de diferencia. ¿Cuáles son?
Yo lo reduciría a uno sólo. El presupuesto de que una parte de la población no es normal y otra sí en función de los respectivos hábitos lingüísticos es moral y políticamente absurdo e inaceptable, y en esto coincidimos todas las asociaciones que nos hemos posicionado contra la linguocracia.
Nosotros no creemos que las diferencias idiomáticas entre el gallego o español privativo de Galicia y el español común a toda España justifiquen desdoblar las aulas para impartir una educación separada a una supuesta comunidad de gallegohablantes y a otra supuesta comunidad de castellanohablantes. La comunidad de hablantes es la misma en la realidad. Creemos que el profesor ha de impartir clase en la lengua o lenguas oficiales que su criterio profesional dicte en función de la composición del aula y de los objetivos pedagógicos, en interés de sus alumnos, con total naturalidad, sin que ningún decreto o mandato de la autoridad interfiera en la libre opción lingüística entre dos lenguas oficiales. Nuestra propuesta no entraña coste ni demora algunos para su puesta en práctica: se trataría de derogar las normas que llamamos linguocráticas o basadas en discriminaciones y prohibiciones por razón de lengua.
La propuesta de Galicia Bilingüe en este aspecto exige una organización para, al menos, evaluar los contingentes de alumnos de cada preferencia lingüística y organizar los cuerpos docentes conforme a esa evaluación, lo que, en el fondo, remite la solución del problema a la misma Administración linguocrática que tanto ha colaborado a su creación.Y a esto se reduce la diferencia, aunque unos y otros querríamos matizar mucho al respecto.
Por lo demás, en una sociedad pluralista es natural que ante los problemas, incluso ante problemas tan artificiales y absurdos como este, creado, en nuestra opinión, casi enteramente por los políticos, haya distintos matices, propuestas y proyectos, ninguno perfecto, cada uno con sus costes o inconvenientes. Se trata de buscar lo más compatible con la libertad individual al mínimo coste, y es natural que haya percepciones distintas al respecto, aún sobre la base de una critica radical compartida del modelo linguocrático vigente
El BNG pretende “galleguizar” la medicina, reclamando que las circulares y los prospectos de los medicamentos sean traducidos al gallego ¿Qué le parece esta iniciativa?
Se trata de ahondar en un problema que no existe. La asistencia sanitaria que se presta en Galicia puede tener problemas, pero desde luego, no ese, ni en primer lugar ni en último: simplemente no existe. Salvo, tal vez, en psiquiatría: nosotros lo hemos llamado 'linguomanía', y es grave, aunque sólo afecta a políticos.
No me refiero a la cuestión meramente documental: las 'circulares', si emanan de las autoridades sanitarias, no es que vayan a traducirse al gallego: que yo sepa, están todas en gallego, y ninguna en castellano. En cuanto a los prospectos de los medicamentos, todos sabemos que su “traducción” -quiero que conste entre comillas- no les va a añadir inteligibilidad alguna o beneficio alguno para el paciente. Ahora bien: si el mercado lo demanda, no tenemos nada que decir.
Pero el problema es otro: Según hemos sabido, el BNG plantea en el parlamento una “proposición no de ley”, o sea, un enredo inútil que, a juzgar por la respuesta de la Consejera del ramo, consistiría en convertir el supuesto conocimiento del supuesto gallego en una barrera infranqueable para el acceso al ejercicio de la sanidad en Galicia. La Consejera ha respondido, con aparente cordura, que ello no es necesario, porque en la sanidad gallega no existe problema de comunicación, lo cual es muy cierto, y que basta con que el conocimiento del gallego sea un mérito, sin llegar a requisito de acceso.
Desgraciadamente el supuesto conocimiento del supuesto gallego ya es una barrera infranqueable para el ejercicio de cualquier puesto público en Galicia, al menos para los aspirantes. Hoy la Consejera, como es obvio, no habría podido acceder a la carrera sanitaria en Galicia por ese motivo. Accedió en época de mayor libertad. Esa libertad que tuvo ella y los profesionales de la sanidad que hoy ejercen en Galicia desde hace tiempo, la han suprimido los políticos, sin necesidad de tomar en consideración esta nueva ocurrencia propagandística del BNG. No se trata, pues, de oponerse a ella, sino de suprimir el arancel lingüístico que ya imposibilita el acceso al ejercicio profesional en el Servicio Gallego de Salud: aunque las normas hablan de “mérito preferente” -nótese la redundancia-, de hecho, y debido a su ponderación en los baremos, se trata de un mérito excluyente. Y todo sin relación alguna con una sanidad de calidad: sólo para favorecer a quienes ostentan la marca tribal en detrimento de quienes sólo tienen mérito profesional. De esto podrían hablar con más conocimiento los representantes del SATSE-Galicia, un sindicato de trabajadores de la sanidad que han experimentado el arancel lingüístico del que estoy hablando.
Mientras tanto los problemas reales de la sanidad se escamotean al público tras el humo identitario.
La Mesa por la Libertad Lingüística de Galicia y Galicia Bilingüe presentan los mismos principios, pero entre ellas existen pequeños matices de diferencia. ¿Cuáles son?
Yo lo reduciría a uno sólo. El presupuesto de que una parte de la población no es normal y otra sí en función de los respectivos hábitos lingüísticos es moral y políticamente absurdo e inaceptable, y en esto coincidimos todas las asociaciones que nos hemos posicionado contra la linguocracia.
Nosotros no creemos que las diferencias idiomáticas entre el gallego o español privativo de Galicia y el español común a toda España justifiquen desdoblar las aulas para impartir una educación separada a una supuesta comunidad de gallegohablantes y a otra supuesta comunidad de castellanohablantes. La comunidad de hablantes es la misma en la realidad. Creemos que el profesor ha de impartir clase en la lengua o lenguas oficiales que su criterio profesional dicte en función de la composición del aula y de los objetivos pedagógicos, en interés de sus alumnos, con total naturalidad, sin que ningún decreto o mandato de la autoridad interfiera en la libre opción lingüística entre dos lenguas oficiales. Nuestra propuesta no entraña coste ni demora algunos para su puesta en práctica: se trataría de derogar las normas que llamamos linguocráticas o basadas en discriminaciones y prohibiciones por razón de lengua.
La propuesta de Galicia Bilingüe en este aspecto exige una organización para, al menos, evaluar los contingentes de alumnos de cada preferencia lingüística y organizar los cuerpos docentes conforme a esa evaluación, lo que, en el fondo, remite la solución del problema a la misma Administración linguocrática que tanto ha colaborado a su creación.Y a esto se reduce la diferencia, aunque unos y otros querríamos matizar mucho al respecto.
Por lo demás, en una sociedad pluralista es natural que ante los problemas, incluso ante problemas tan artificiales y absurdos como este, creado, en nuestra opinión, casi enteramente por los políticos, haya distintos matices, propuestas y proyectos, ninguno perfecto, cada uno con sus costes o inconvenientes. Se trata de buscar lo más compatible con la libertad individual al mínimo coste, y es natural que haya percepciones distintas al respecto, aún sobre la base de una critica radical compartida del modelo linguocrático vigente
1 comentario:
Impresionante artículo. Magnífico. Se non fose porque, para calquer persoa que teña un mínimo coñecimento das dinámicas sociais e da teoría do campo, a "libertad individual" de que José Antonio Amado ("una de las voces más autorizadas sobre política lingüística en España"!!!!!) fala non existe.
Algúns pensan que se nos bancos se fala castellano é pola liberdade individual dos traballadores; se nos centros de saúde se fala castellano, é pola liberdade individual dos traballadores; se nas escolas se fala castellano é pola liberdade individual dos traballadores; se nas universidades se fala castellano é pola liberdade individual dos traballadores...
É máis, algúns pensan que, cando un señorito de Pontevedra fala en galego na lonxa do Corgo é pola súa liberdade individual... ou que cando miña prima fala en castelán no supermercado Claudio (Alexandre Bóveda) é tamén pola súa liberdade individual.
Isto acontece a toda a hora, e a imposición non é legal (no sentido xurídico do termo), é social.
Menos demagoxia, por favor.
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