Atículo publicado en La Voz de Galicia
Carballal achaca al alcalde «una grosera utilización del derecho» y la intención de favorecer a su hermano
El último auto vuelve a arrojar conclusiones demoledoras contra los intereses de José Antonio Cacabelos
Los autos que sigue emitiendo el titular del juzgado de instrucción número 2 de Cambados, Juan Carlos Carballal, en relación al edificio administrativo de O Grove, siguen sin dar respiro a los imputados por este caso, en especial al alcalde, José Antonio Cacabelos Rico (PSOE).
El auto del 7 de abril, coincidente con el remate de la primera ronda de declaraciones de los imputados y testigos, indica que hay más indicios sobre supuestas ilegalidades. «Por lo que llevamos de instrucción penal múltiples son los indicios que hacen sospechar de que el procedimiento administrativo se ha utilizado como mero artificio para dar apariencia de legalidad a lo que no deja de ser una decisión predeterminada. Esto eso, habiendo decidido a quien se daba el contrato, lo siguiente es articular jurídicamente el procedimiento para justificar tal decisión», indica el juez.
Las insinuaciones al secretario
Carballal concluye que «existía un interés en favorecer a Álvarez Cacabelos, SLP», en alusión a la empresa a la que se le adjudicó el proyecto de obra del edificio administrativo de O Grove, de la que son socios el hermano del alcalde, David Cacabelos, y Carolina Álvarez.
El juez colige, tras tomar declaración al secretario municipal el pasado martes, que este funcionario «recibió por parte de Cacabelos insinuaciones de que no actuara conforme a derecho y, particularmente, que no informara negativamente el expediente de contratación de obra».
También concluye que el secretario recibió indicaciones sobre el importe de licitación del contrato de servicios y de cuáles deberían ser las empresas a invitar en la mesa de contratación, lo cual sustentaría la imputación por un delito de tráfico de influencias que pesa sobre el regidor grovense.
El juez estima que se hizo una «grosera utilización del derecho por el gobernante» que no ve admisible «ni bajo la premisa de dar primacía a un pretendido interés público». Un escenario que, prosigue el auto, «permite considerar que tal actuación supone indiciariamente un delito de prevaricación administrativa del que también resulta presunto autor José Antonio Cacabelos Rico».
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